“La seguridad pública es la principal preocupación de los chilenos y el Acuerdo por la Seguridad que presentó hoy el Presidente Sebastián Piñera aborda 5 ejes claves para derribar la delincuencia”, dijo la Seremi de Gobierno, Pía Bersezio, al referirse a las propuestas del Acuerdo Nacional por la Seguridad que esperan transformarse prontamente en proyectos de ley para su posterior aprobación en el Congreso.
Cabe precisar que el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública incorporó a actores de todos los sectores, desde el mundo político, académico, jurídico y comunal con el objetivo de abordar un tema de urgente interés y especial sensibilidad para todo el país.
Durante 90 días, esta mesa trabajó en 150 propuestas que se entregaron al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que contemplan profundas reformas en cinco áreas: Modernización y Fortalecimiento de las policías; Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado; Fiscalización y Control de Armas de Fuego; Rol de los Municipios en la Seguridad Pública; y Coordinación entre actores del Sistema de Persecución Penal.
Respecto a lo anterior, la vocera del Gobierno en La Araucanía, precisó que “la búsqueda de consensos y de acuerdos en temas de interés ciudadano es el camino que el Gobierno del Presidente Piñera ha definido para estos cuatro años y en este caso particular, para buscar soluciones a la principal inquietud de los ciudadanos: hacer que la delincuencia y el narcotráfico retrocedan en Chile”, puntualizó Bersezio.
Acuerdos
Las conclusiones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública dan paso a la reforma más profunda e integral a las policías en toda su historia.
Se trabajará en la especialización de las funciones policiales. Para eso, en diciembre de 2018 un grupo de trabajo entregará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública un diagnóstico con el objetivo de radicar en Carabineros la función de prevención y en la PDI las labores de investigación.
De ahora en adelante existirá un mayor control de la autoridad civil sobre Carabineros y la PDI, con nuevas exigencias para su gestión interna y un sistema de auditoría permanente.
Ambas policías deben entregar un plan estratégico institucional a 8 años plazo y un plan de gestión operativa al asumir el nuevo mando. Ambos deberán ser aprobados por el Ministerio del Interior y contar con indicadores de resultados.
Se concentrarán los esfuerzos en la profesionalización policial: para ser general será requisito cumplir 10 años en unidades operativas.
En materia de inteligencia se pretende avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional: Se pretende crear un Consejo Nacional de Inteligencia que dependerá directamente del Presidente de la República.
Se hará una profunda reestructuración del registro de armas en el país, donde hay un deficitario sistema de fiscalización. Actualmente hay unas 753 mil inscritas activas y 230 mil extraviadas, robadas o que sus dueños fallecieron. Por eso se propone una profunda reestructuración del registro de armas, aumentar los requisitos para la adquisición e inscripción, establecer deberes para sus tenedores y sanciones en caso de incumplimiento.
Se reducirá el catálogo de delitos de competencia de la Justicia Militar conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
En el caso de los municipios se incorporará a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el rol preventivo en materia de seguridad y de coordinación local del alcalde, como presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública, ente que tendrá un fortalecimiento.
En el ámbito comunal, a través de sus inspectores, las municipalidades podrán apoyar a Carabineros en labores de protección de víctimas de violencia intrafamiliar, lo que permitirá que Carabineros pueda destinar una mayor dotación a patrullajes preventivos.
Se fortalecerá la coordinación existente entre las distintas instituciones del Gobierno Central y aquellas que participan en la investigación y juzgamiento de los delitos. Entre estas materias, por ejemplo, en todas las comisarías de Carabineros y en las unidades territoriales de la PDI se designará un oficial por turno, quien será el responsable de coordinar y supervigilar todas las acciones que correspondan a las primeras diligencias, para lo que se dispondrá de un canal de comunicación expedito con el Ministerio Público.
La seguridad de todos los chilenos es prioridad principal para el Gobierno del Presidente Piñera y desde el primer día hemos puesto manos a la obra en esta materia. Por eso es que se han implementado diversas políticas para combatir la delincuencia y darle tranquilidad a los chilenos. Un ejemplo concreto y eficaz han sido las rondas masivas de control preventivo. En seis ejercicios realizados entre el 16 de marzo y el 16 de junio del presente año, ha habido 17.434 detenidos. Del total, 1.543, que equivale a un 8,9%, corresponden a delitos de mayor connotación y relevancia, eje principal del combate contra la delincuencia en las calles.
Gracias a estos operativos se logró la detención de: 482 personas por violencia intrafamiliar; 50 por delito sexual; 16 por violación; 16 por homicidio; 910 por robo con fuerza; 59 por orden de aprehensión y arresto; 10 por microtráfico, todos hechos delictivos que queremos erradicar.
Los resultados de esta política de rondas masivas de control preventivo, que ayudan a combatir con mayor fuerza y eficacia la delincuencia, han sido los siguientes en sus primeros tres meses: 11.063 detenidos pasaron a audiencia de detención, 4.812 quedaron apercibidos, 461 pasaron a la cárcel pública, 264 fueron trasladados al Juzgado de Policía Local y 834 quedaron en libertad.
