El debate sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta semanas de 52 horas ha reinstalado una pregunta clave: ¿Chile necesita trabajar más para crecer? La discusión es legítima, pero también exige mirar la evidencia antes de concluir que más horas de trabajo significan automáticamente más desarrollo.
Hace poco más de un año, el país alcanzó un acuerdo para avanzar gradualmente hacia una jornada de 40 horas. Hoy, una comisión de expertos propone una mayor flexibilidad en la distribución de la jornada, permitiendo semanas de hasta 52 horas en determinadas circunstancias. Más allá de los aspectos técnicos, este debate invita a reflexionar sobre el verdadero desafío de la economía chilena.
La experiencia internacional entrega una señal clara. Los países más desarrollados no son aquellos donde las personas trabajan más horas, sino aquellos que generan más valor por cada hora trabajada. Mientras España avanza hacia una jornada de 37,5 horas semanales y Europa mantiene límites orientados a la protección de los trabajadores, la evidencia muestra que productividad y crecimiento no dependen exclusivamente del tiempo dedicado al trabajo.
Chile enfrenta una paradoja. Se encuentra entre los países que más horas trabajan dentro de la OCDE, pero mantiene niveles de productividad inferiores al promedio de ese organismo. Esto debiera llevarnos a una conclusión evidente: el problema no es cuánto trabajamos, sino cuánto producimos durante nuestra jornada laboral.
La productividad depende de factores que van mucho más allá de la duración de la jornada. Requiere inversión, innovación, incorporación tecnológica, capacitación permanente y mejores prácticas de gestión. También necesita un Estado que facilite el desarrollo mediante regulaciones eficientes y procesos oportunos. Ninguno de estos desafíos se resuelve simplemente aumentando las horas de trabajo.
Existe además una dimensión institucional que suele quedar fuera del debate. Los países que combinan flexibilidad laboral con competitividad cuentan con mecanismos sólidos de negociación colectiva, fiscalización efectiva y relaciones laborales basadas en la confianza. Estas condiciones permiten que la flexibilidad beneficie tanto a trabajadores como a empleadores.
Chile aún presenta brechas importantes. Persisten niveles relevantes de informalidad laboral, la negociación colectiva tiene una cobertura limitada y la confianza entre los distintos actores sigue siendo frágil. Por ello, cualquier modificación significativa a la jornada laboral debe considerar no solo sus potenciales beneficios económicos, sino también la capacidad institucional para resguardar los derechos de las personas.
Las políticas públicas más exitosas no enfrentan crecimiento económico y derechos laborales como objetivos incompatibles. El verdadero desarrollo consiste precisamente en compatibilizar ambos.
Más que preguntarnos cuántas horas debemos trabajar cada semana, el país debiera concentrarse en cómo lograr que cada hora genere más valor para las personas, las empresas y la sociedad. La evidencia es clara: las naciones más desarrolladas no prosperaron porque trabajaran más horas, sino porque invirtieron en productividad, fortalecieron sus instituciones y mejoraron la calidad de sus empleos. Ese debiera ser también el camino de Chile.
