La seguridad se define como el estado de bienestar que el ser humano percibe y disfruta. Este término ha dado mucho que hablar desde hace varios años ya, en nuestra región y por supuesto en el país. En el último tiempo se han alzado voces desde diferentes sectores políticos, a las que –como Gobierno- hemos escuchado con atención y seriedad, dando las respuestas oportunas porque la seguridad ciudadana es uno de nuestros desafíos más grandes y a ella se unen, además, la seguridad social y la seguridad económica.
Como medida concreta de seguridad ciudadana, hace tan solo unos días el Presidente de la República Gabriel Boric, anunció una millonaria inversión en esta materia: mil 500 millones de dólares para combatir el crimen organizado y reforzar las capacidades de la policías. Lo anterior, significa un aumento del 40% de recursos adicionales para la agenda de seguridad.
Parte de estos recursos irán destinados a mejorar el equipamiento de las policías, modernización de sus armamentos y mejoras en los protocolos operativos. Además del fortalecimiento de inteligencia financiera en la lucha contra el crimen organizado, el aumento de dotaciones policiales, fiscales, gestión del Ministerio Público, reforzamiento de tribunales, entre otros. Reconocer el diagnóstico el progresivo debilitamiento de las instituciones dedicadas a la seguridad, al orden y la prevención no significa bajo ninguna circunstancia dejar de apoyarlas. Muy por el contrario.
El mensaje entregado por el Presidente de la República ha sido claro y concreto en esta materia, realizando un llamado a la unidad de todos los sectores políticos y sociales para enfrentar la violencia en unidad y como una política de Estado. Porque la responsabilidad es de todos.
Otra de las medidas anunciadas por el Jefe de Estado, dice relación con la firma de decretos para la promulgación de 4 proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana. Entre ellas, la ley Nain-Retamal (otorga mayores facultades y más protección al ejercicio de la función policial), la ley que agrava las penas en los casos de secuestros (nuevas penas oscilarán entre los 5 y un día y 15 años de cárcel); la ley de aumento de penas por porte de armas en lugares altamente concurridos y la ley para reforzar las competencias de Gendarmería y crear el delito de extorsión. Con esta modificación legal, los gendarmes podrán colaborar con el Ministerio Público en diligencias investigativas en cárceles.
Esto es lo que necesitamos, acciones y anuncios concretos que permitan alcanzar lo que la inmensa mayoría de nosotros espera conseguir…un estado de bienestar con mayor seguridad donde podamos vivir tranquilos. Hoy es momento de unidad para combatir la delincuencia y el crimen organizado. La seguridad no es patrimonio de unos pocos o de un sector. Todos y todas queremos erradicar la violencia pero para lograrlo se requiere –necesariamente- la voluntad de una sociedad completa y, sobre todo, la grandeza del mundo político.
