Multigremial de La Araucanía hizo un llamado al Gobierno a cambiar de estrategia y a los parlamentarios a dar celeridad a las leyes que permitan frenar los hechos de violencia.
Con la información de sólo los delitos denominados de “alta connotación pública” se dio a conocer el Barómetro de Conflictos de connotación indígena que elabora Mga, correspondiente al primer semestre de 2020 en las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos, y Los Lagos.
Este cambio metodológico fue definido por la Fiscalía Regional de La Araucanía, la cual ha decidido entregar información sólo de los delitos de incendios y atentados incendiarios, con delitos anexos a ellos, y los delitos referidos a ataques hacia policías. Una decisión que fue explicada además con motivo de uniformar los datos que entregan las otras tres Fiscalías Regionales (Biobío, Los Ríos y Los Lagos).
“Este cambio en la metodología evidencia una menor cantidad de denuncias en comparación al primer semestre de 2019, ya que no contabiliza delitos que para nosotros son muy graves como las usurpaciones, incendios forestales y de siembras, entre otros, los cuales esperamos sean contabilizados en un futuro cercano para tener esta estadística”, comentó Luciano Rivas, presidente de la entidad gremial.
Según la información recibida se registraron 82 denuncias en las cuatro regiones, de las cuales 57 corresponden a incendios o atentados incendiarios. “Esto es un 69% del total. Incendiados un avión (Región de Los Ríos), 63 camiones, 102 equipos forestales, 2 escuelas rurales, buses y minibuses de transporte de trabajadores, vehículos de trabajadores y particulares, son algunos de los bienes siniestrados este semestre”, detalló Mirtha Casas, asesora técnica de Mga.
El estudio reveló que el actor más violentado fue los contratistas forestales, seguidos de transportistas y Carabineros, estos últimos principalmente en la zona sur de Arauco, Región del Biobío. “Diversos tipos de empresas sufrieron atentados incendiarios: piscicultoras, de obras civiles, constructoras, eólicas, hidroeléctricas, eléctricas, concesionaria vial, telefónica. En varios actos de atentado incendiario se agredió a trabajadores. Disparos a policías, a funcionarios públicos en terreno, con el incendio, daños y robos se han denunciado en zonas de Arauco y Malleco”, agregó la profesional.
Por su parte, Luciano Rivas, lamentó que en este barómetro se deba incorporar el lamentable fallecimiento del chofer Jorge Barrios, oriundo de San José de la Mariquina, que en el mes de febrero, en la comuna de Victoria, no logró salir de la cabina del camión que conducía, mientras individuos procedían a quemar la máquina. “La muerte de este conductor de camión es una señal de cómo se ha normalizado la violencia de carácter terrorista en nuestra región, donde grupos terroristas actúan impunemente, atentando contra la vida de los propios trabajadores”, sostuvo el líder gremial.
El Barómetro también registró que en 21 comunas se realizaron actos de violencia ocupando principalmente el fuego como herramienta de amedrentamiento, y cuyo móvil ideológico principal es dejar salir en libertad a personas que se adjudican una condición política en medio de investigaciones o condenas por actos violentos. Este semestre es la Comuna de Tirúa la que presenta mayor cantidad de denuncias (15) seguida de Cañete (11).
Cambio de estrategia y dar celeridad a leyes pendientes
Rivas insistió en la gravedad de que trabajadores y la ciudadanía en general en estado de pandemia y de excepción, deban sumar a sus medidas de seguridad sanitaria, la incertidumbre y afectación física y psicológica al ser atacados por encapuchados a plena luz del día, sin que se vea disminución de la violencia. “Vemos permanencia y coordinación para perpetrar actos de extrema violencia de manera simultánea, muchas veces en al menos tres de las 4 regiones que conforman la macrozona sur”, sostuvo.
El presidente de Mga hizo un llamado al Gobierno, y especialmente al nuevo ministro del Interior Víctor Pérez, a que en la Región y el resto de la macrozona se necesita cambiar de estrategia, con menos anuncios y más resultados.
“Si bien valoramos que el ministro Pérez haya priorizado a La Araucanía, pero necesitamos hechos concretos. Las evaluaciones políticas se harán a medida que los resultados se vayan dando”, aseveró.
Por otro lado, el dirigente gremial dijo que es urgente dar celeridad a leyes que aún se encuentran detenidas en el Congreso. “Necesitamos una Ley antiterrorista eficaz y moderna, para terminar con la impunidad y aplicar las penas que corresponden a los autores de los hechos de violencia. Asimismo, es importante contar con una Ley de Inteligencia que permita adelantarse a los hechos y dotar de mayor tecnología a las policías, no podemos seguir lamentando atentados y buscando culpables, es absolutamente necesario que las policías y fiscalía cuenten con una ley que entregue herramientas que sirvan para adelantarse a estos delitos”, concluyó.
