Con la finalidad de anteponerse a los delitos emergentes y de alta complejidad, La Policía de Investigaciones de Chile se ha ocupado, desde la década de los 90, de investigar los hechos que amenazan nuestra biodiversidad y riqueza cultural, creando en el año 2002 la Brigada de Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA).
Entre esa fecha y la actualidad se crearon nuevas unidades ubicadas estratégicamente a lo largo del país, llegando al total de 9 brigadas y una sección dedicadas a esta área de investigación. Esta última, localizada en Rapa Nui- Isla de Pascua.
Los delitos medio ambientales son definidos por el Ministerio Público como aquellos hechos realizados intencionalmente, de manera accidental o negligente, que producen menoscabo o destrucción del ecosistema, las especies animales o vida vegetal, cuya protección es considerada valiosa por el hombre para la mantención de las condiciones de vida, salud, actividades económicas o culturales.
El 11 de octubre de 2019 nace la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Temuco (BIDEMA). Conformada por un equipo de oficiales policiales titulados como médicos veterinarios, ingenieros forestales, agrónomos, medioambientales, químicos o en prevención de riesgos, entre otras carreras. “Con ello se buscar dar respuesta al amplio campo investigativo que abordan estas unidades altamente especializadas en cuatro áreas de servicio, las que se han definido conforme a la naturaleza de los delitos y/o de los bienes jurídicos protegidos que son afectados como: Salud Pública, Medio Ambiente, Flora y Fauna, y Patrimonio Cultural”, detalla el subprefecto Rodrigo Espinoza Montoya, jefe de la BIDEMA Temuco.
La mayor cantidad de delitos investigados por la BIDEMA Temuco desde el inicio de sus funciones han sido los relacionados con incendio de bosques; abandono o maltrato animal; incendio solo con daños a terceros y uso ilícito del fuego, mismo caso sucede en cuanto a las denuncias efectuadas por la ciudadanía.
BIDEMA Temuco en cifras
En este contexto, esta unidad especializada que tiene jurisdicción desde la Región del Ñuble hasta La Araucanía, durante el periodo comprendido de enero a septiembre de este año en comparación con el 2024, ha presentado un incremento del 64% en órdenes de investigar emanadas desde el Ministerio Público, relativas a los delitos anteriormente mencionados, siendo el incendio solo con daños a terceros e incendio de bosques los más investigados hasta la fecha.
Desde el año 2021, las Brigadas Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, han ampliado su ámbito de especialidad hacia la investigación de delitos emergentes derivados de la Pandemia COVID-19, que colocaban en riesgo la Salud Pública, abocándose a aquellos delitos que, por su peligrosidad, pueden afectar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entre los que comprende nuestra legislación: Ejercicio Ilegal de la Profesión de Prestador de Servicios para la Salud; Tráfico de Medicamentos Deteriorados o Adulterados; Tráfico de Materiales Peligrosos; Beneficio Irregular de Animales o Mataderos Clandestinos e; Infringir Normas Higiénicas y de Salud Pública tipificadas en el Artículo 318 y siguientes del Código Penal, en el contexto de pandemia o emergencia sanitaria.
“Con ello, evidenciamos que esta brigada abarca un amplio campo de acción que va desde la tala ilegal de bosques, el maltrato animal, la contaminación del agua y el aire, los incendios, el tráfico de especies protegidas, hasta los daños que se provocan a edificios, monumentos o piezas con valor histórico o arqueológico para el país y la salud pública”, enfatiza el jefe de la BIDEMA Temuco, subprefecto Rodrigo Espinoza Montoya.
Agregando además que, “en este sentido cobra suma relevancia el trabajo conjunto y coordinado que desarrollamos con el Ministerio Público, como actor que dirige la persecución penal…es vital para enfrentar la criminalidad compleja en la investigación de estos delitos, y concentrar los esfuerzos en aquellos de mayor gravedad. Esto implica un doble desafío para los organismos e instituciones que forman parte del sistema de seguridad y justicia. Puesto que propone una persecución contra el tiempo, debido a que estos hechos ocurren en contextos abiertos, que por sus características van eliminando evidencia y/o ampliando el impacto ocasionado en los ecosistemas y sujetos”.
