La consejera regional, Ana María Soto, informó que los trabajadores afiliados al sindicato de la empresa distribuidora Prisur, ubicada en avenida Recabarren de Temuco, se encuentran en huelga debido a que alegan que se desempeñan en malas condiciones laborales.
Ana María Soto fue contactada por los funcionarios, que permanecen desde hace una semana protestando en las afueras del recinto, quienes le denunciaron que trabajan en la distribución de productos de diversos tipos, entre ellos de aseo y desinfección, algunos muy utilizados durante la pandemia, especialmente en hospitales, municipios y servicios públicos en general.
“Me informaron que han debido trabajar durante toda la pandemia, distribuyendo a recintos tan importantes como hospitales del Biobío a Chiloé, y también en esta región en ciudades como Temuco, Padre Las Casas, Villarrica y Loncoche, pero sienten que no han sido reconocidos por su esfuerzo en esta emergencia sanitaria y tampoco por su labor anterior a ella y están solicitando mejores bonos como de locomoción, antigüedad, hijos que estudian, etcétera”, afirmó, destacando que los trabajadores no están solicitando aumento de salarios, sino que se adecúen los beneficios adicionales ante el aumento en el costo de vida que se ha experimentado en el último tiempo en Chile.
La consejera regional añadió que los trabajadores le manifestaron que junto con trabajar durante las peores etapas de la pandemia, no se les habrían proporcionado instalaciones adecuadas para mantener distancia física entre ellos y solamente se les entregaba una mascarilla al día. “Hago un llamado a la empresa, ellos me comentaron que intentaron dialogar hace unos días, pero no hay resultados positivos. Es fundamental que se establezca una mesa de trabajo”, subrayando que “actualmente, los trabajadores de Prisur no se sienten bien tratados y no les parece que exista una buena calidad en la relación de la empresa con ellos. Por eso, como consejera regional acudo al llamado del sindicato de la empresa, para llamar a que se mejoren las condiciones de trabajo y esto pasa por establecer un diálogo donde se pueda negociar, que los funcionarios puedan plantear lo que necesitan y que la empresa flexibilice y mejore las condiciones laborales. Uno de los puntos que también les inquieta, es que me manifestaron que algunos trabajadores fueron reemplazados mientras se encontraban en huelga y eso es una práctica absolutamente irregular”.
Ana María Soto expresó que de acuerdo a lo que le dijeron los trabajadores, hasta el momento no ha existido ningún tipo de propuesta de solución emanada desde la empresa.
CONDICIONES SANITARIAS Y ECONÓMICAS
La abogada Rosa Huentecura, asesora jurídica del Sindicato de Trabajadores de Prisur y especialista en temas laborales, informó que “existen problemas con el aumento en el costo de la vida que han debido asumir los trabajadores y en relación a las ganancias que tiene la empresa”, explicando que pese a que las utilidades han aumentado para la firma, los trabajadores ven cada día más deteriorado su poder adquisitivo.
“Los trabajadores solicitan que se reajusten los bonos de movilización, por el elevado costo que tiene actualmente la locomoción en Temuco, y la posibilidad de que los funcionarios que se encuentran enfermos desde hace largo tiempo, puedan irse con el pago del 100% de su indemnización; como también que se les otorguen bonos de escolaridad, ya que muchos de ellos son padres y la empresa nunca les ha dado incentivos para esa necesidad que es propia de todos quienes tienen hijos estudiantes. También estamos solicitando un bono de antigüedad, que se reajuste de acuerdo al aumento del costo de la vida y que se premie a aquellos que tienen una antigüedad y se han esforzado por hacer surgir a la empresa, quienes no están recibiendo una retribución justa en relación con las remuneraciones propiamente tales”.
La profesional refrendó lo denunciado a la consejera Ana María Soto por los trabajadores, en relación a que la empresa no les otorgó condiciones sanitarias seguras para desempeñarse durante la pandemia, donde no se les facilitaron las condiciones para mantener distancia física adecuada y solamente se les entregaba una mascarilla de protección contra el covid-19 para todo el día.
“La formación de este sindicato no fue un simple capricho de los trabajadores, sino porque se cansaron de soportar una serie de vulneraciones”, sostuvo, agregando que durante la pandemia, la empresa habría cambiado su giro, con el objetivo de mantener una actividad de carácter esencial y así permitir que los trabajadores concurrieran a sus puestos en forma presencial y no suspender los contratos de trabajo por pandemia.
Mientras el grueso de los habitantes de la región permanecía en cuarentena en sus viviendas, “ellos me dicen que todo este tiempo debieron trabajar de manera normal, sin distancia física entre trabajadores y con una sola mascarilla, pese a que a las pocas horas esa mascarilla ya estaba sucia o mojada, sin las condiciones mínimas que un trabajador debe desempeñarse en una pandemia”, afirmó Huentecura.
En relación a las denuncias por presuntas infracciones laborales, la abogada precisó que la Inspección del Trabajo concurrió a fiscalizar los reemplazos que se estarían llevando a cabo de las personas que se encuentran en huelga, “situación que se encuentra estrictamente prohibida por el Código del Trabajo y que significa una vulneración a la garantía de huelga que tienen los trabajadores”.
“Creemos que la empresa no ha tenido ningún reparo en vulnerar los derechos de los trabajadores. Esta situación de reemplazo en huelga fue reiterada y se volvió a confirmar ayer, es decir, en dos fiscalizaciones de la Inspección del Trabajo, constataron el reemplazo en huelga y la reincidencia de los empleadores”, puntualizó Rosa Huentecura.
BONO DE MOVILIZACIÓN DE $6 MIL
Finalmente, Juan Carlos Pichún, representante de los trabajadores de Prisur, afirmó que “pedimos dignidad y respeto hacia el trabajo que realizamos”, argumentando que la mayoría de los manifestantes poseen más de nueve años de servicio, pero los beneficios que reciben no se condicen con su antigüedad.
Pichún afirmó que por ejemplo, él reside en Labranza y recibe un bono mensual de $6 mil por concepto de movilización, de modo que, que considerando que el pasaje en microbús de ida y vuelta entre Labranza y Temuco cuesta $1500 diarios, el bono le alcanza solamente para cuatro días y el resto del mes debe costear de su propio bolsillo el costo de los traslados.
“Varios vivimos en Labranza, otros en Freire, Carahue, Padre Las Casas o en el sector Pedro de Valdivia, por tanto el bono me alcanza para cuatro días y si llego tarde, me descuentan esas horas que no trabajo, por eso, más que un aumento de sueldo, estamos solicitando respeto por nuestras condiciones de trabajo. Hay personas detrás de nosotros, porque la gran mayoría tenemos familia”, afirmó.
El dirigente sostuvo que en los peores momentos de la pandemia, hubo trabajadores que trabajaron de lunes a sábado y se retiraban cerca de las 20 horas e incluso algunos los domingos, sin las medidas adecuadas de prevención del covid-19. “Nos daban una mascarilla diaria y había que venir a buscarla a Recursos Humanos. Antiguamente el encargado de prevención y seguridad nos daba las mascarillas para la semana, pero luego llegó otra persona que nos daba una diaria y teníamos que concurrir a buscarla a esa sección, además de firmar (un documento)”, finalizó.
