Para entender la discusión sobre la rebaja presupuestaria a las regiones, hay que partir por algo muy sencillo: las regiones no definen por sí solas su presupuesto ni tienen plena libertad para decidir cómo utilizar sus recursos.
Es el Estado central, a través del proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos por el Congreso Nacional, el que determina cada año el marco de recursos que tendrán las regiones. Y no solo define cuánto dinero habrá disponible cada año. También establece, mediante la propia ley, reglamentos, normas e instructivos, cómo se pueden utilizar esos recursos, en qué se pueden gastar y bajo qué condiciones y plazos.
En otras palabras, una parte fundamental de las decisiones sobre los recursos de las regiones y sus gobiernos regionales continúa tomándose desde el nivel central.
Esto es importante porque muchas veces hablamos de descentralización como si el problema ya estuviera resuelto, porque hoy existen gobernadores y gobernadoras regionales y consejos regionales elegidos democráticamente.
Pero hay un problema que todavía no se ha resuelto: las regiones no tienen verdadera autonomía para decidir sobre los recursos que la Ley de Presupuestos les entrega anualmente. Y, si eso no cambia, todos los años las regiones seguirán reclamando por rebajas presupuestarias y dificultades de ejecución.
Tenemos autoridades regionales elegidas democráticamente, pero, finalmente, una parte fundamental de las herramientas que necesitan para cumplir con las prioridades de sus regiones sigue dependiendo de decisiones tomadas en Santiago.
Esta no es una discusión técnica ni exclusiva de especialistas. Es una discusión que tiene consecuencias concretas en la vida de las personas.
Si se reducen los recursos regionales, como se anuncia, con una rebaja de los presupuestos de los gobiernos regionales del 7 % nominal y del 11 % real, esto puede significar que un camino tendrá que esperar, que una obra de infraestructura se postergará, que un proyecto de salud no podrá avanzar, que un APR deberá esperar, que un municipio tendrá que seguir buscando financiamiento o que una comunidad deberá continuar esperando una solución.
Detrás de cada peso que se reduce hay una decisión concreta: qué obra se hace, cuál se posterga y qué necesidad queda esperando.
Por eso, cuando se anuncia una reducción presupuestaria para las regiones, no deberíamos mirar solamente el porcentaje o los millones de pesos. Debemos preguntarnos qué proyectos se verán afectados y qué personas tendrán que seguir esperando.
Las autoridades regionales son elegidas por los ciudadanos. La gente vota por ellas esperando que puedan resolver problemas, impulsar proyectos y mejorar sus comunas y su calidad de vida.
Pero cuando esas autoridades no tienen suficientes recursos o libertad para decidir sobre ellos, ¿quién termina respondiendo ante los ciudadanos? ¿Los burócratas invisibles de la capital? ¿O las autoridades de las regiones, que día a día están con las personas?
Ese es uno de los problemas que todavía nadie quiere resolver. Si realmente queremos lograr soluciones y desarrollo en las regiones, se necesita autonomía fiscal, con reglas claras, para que sus autoridades elegidas democráticamente definan y prioricen la inversión de acuerdo con la realidad regional.
No se trata de entregar un cheque en blanco a las regiones. Los recursos deben administrarse con responsabilidad y reglas claras.
Porque una cosa es controlar y otra muy distinta es que las decisiones fundamentales sobre cuánto pueden invertir las regiones, en qué pueden hacerlo y bajo qué condiciones sigan dependiendo principalmente del nivel central.
Las autoridades regionales elegidas democráticamente conocen sus problemas.
Saben dónde falta un camino, dónde se necesita una escuela, qué hospital requiere infraestructura, qué comuna necesita apoyo y qué proyectos pueden generar empleo y oportunidades.
Por eso, quienes viven y representan a las regiones deberían tener una mayor capacidad para decidir sobre las prioridades de sus propios territorios.
La descentralización no puede significar solamente elegir autoridades regionales.
También significa entregarles las herramientas, los recursos y la capacidad de decisión necesarios para cumplir aquello que la ciudadanía les encargó.
Si elegimos un gobernador o gobernadora regional y un consejo regional, debemos preguntarnos si realmente cuentan con el poder y los medios necesarios para responder a quienes los eligieron.
Porque no tiene mucho sentido decirle a una región que puede decidir sobre su futuro, pero, al mismo tiempo, decirle desde Santiago cuánto dinero tendrá, en qué podrá gastarlo y bajo qué condiciones podrá hacerlo.
Ese es el debate que hoy el Parlamento debe abordar en la discusión del presupuesto nacional: ¿más concentración presupuestaria o más autonomía presupuestaria regional? Esta es la realidad que se debe enfrentar. Para ello, se debe legislar con el fin de entregar mayor autonomía presupuestaria a las regiones, con un control directo de la Contraloría y la presentación de informes trimestrales ante las comisiones mixtas de presupuesto.
El debate no debe centrarse solamente en cuánto dinero reciben las regiones cada año, sino también en cuánto pueden decidir realmente sobre sus propios recursos y sobre su propio futuro.
Sin autonomía presupuestaria real, las regiones y sus gobiernos regionales seguirán enfrentando rebajas a sus presupuestos, y muchas obras o soluciones que las personas requieren con urgencia deberán seguir esperando.
Por
Marcelo Carrasco C.
Centro de Estudios Regionales .
