Con dos llamadas realizadas los días 16 y 31 de marzo pasado A la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), el funcionario de la Defensoría Penal Pública, Mauricio Alarcón Vidal, inició un plan que él creía infalible y que tenía un solo objetivo: vengarse de su expareja Valeria Llanquinao.
En el primer llamado, el sujeto, hablando en español y en mapudungún, se identificó como un comunero mapuche y advirtió a las autoridades de que un grupo de personas, entre los que estaba uno de sus supuestos hijos, estaba planificando un atentado en contra de un fiscal de la zona y la familia Luchsinger.
La Fiscalía de La Araucanía al recibir esta información activó el sistema de protección y se comenzaron a solicitar a la justicia las medidas intrusivas respectivas para frustrar el supuesto plan y dar con los autores.
Hasta ahí, todo se tramitaba como varias causas que llegan a manos del fiscal Cristian Voullieme. La policía determinó que el chip desde el cual se hizo la llamada era de un imputado del denominado “caso Iglesias” y la georreferenciación de las antenas daba con un lugar colindante a una comunidad de Vilcún donde, justamente, vive el mencionado imputado.
La familia Luchsinger fue alertada y su abogado Carlos Tenorio siguió paso a paso los avances de esta investigación luego que ya todos contaran con las medidas de protección correspondientes. Esto, hasta que la historia dio un inesperado giro.
El 31 de marzo el llamado volvió a repetirse. Esta vez con mayores detalles entregando el nombre de las tres personas que presuntamente participarían en el atentado, una de ellas una mujer. Incluso, Alarcón, en su papel de comunero preocupado, le dio a Cenco una patente del automóvil en que se trasladarían los hechores, y un dato adicional: el vehículo contaba con un rifle largo con mira telescópica que iba a ser usado por “la colorina chica”.
Producto de esto, la Fiscalía pidió varias autorizaciones judiciales de entrada y registro a la comunidad en busca de armas de fuego y se pidió a las compañías el tráfico telefónico de los denunciados. Al avanzar en las diligencias, se dieron cuenta de que no había ningún indicio de que las personas ahora investigadas tuvieran que ver con lo que el “denunciante mapuche” aseguraba. Tras analizar los chips utilizados en las dos llamadas, se logró establecer que quien realizó los llamados fue el funcionario de la Defensoría Penal Pública, Mauricio Alarcón Vidal.
Las investigaciones arrojaron que Alarcón compró un chip y lo inscribió a nombre de Ariel Alexis Trangol Galino, absuelto en el denominado “caso Iglesias” e hizo la llamada desde el camino a Vilcún para dar credibilidad. El motivo que habría tenido el sujeto —de acuerdo con la información que aún se investiga— era perjudicar a su ex pareja Valeria Llanquinao y su familia incriminándolos de un supuesto plan terrorista.
El fiscal Cristian Voullieme pidió este miércoles al tribunal de garantía el sobreseimiento definitivo de las tres personas contra quienes se dirigieron medidas intrusivas y se apronta a pedir la formalización de Alarcón Vidal, en un inicio, por el delito de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa.
Información de La Tercera
