Muy contradictorio y a la vez “paradojal” definió el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, la decisión de la comunidad mapuche de Temucuicui, y de otras organizaciones de Ercilla y Collipulli, de impedir la realización del censo en esas zonas de La Araucanía y, sin embargo, estar dispuesta a recibir beneficios del sector público. “Lo paradojal de la conducta de gente que dialoga con el Estado cuando necesita tierras, subsidios o bonos, es muy distinta de cuando el Estado necesita que se hagan determinadas operaciones como la del dia del censo para beneficiar a los chilenos más pobres”, expresó en una entrevista radial. En coincidencia con lo dicho por la autoridad de gobierno, los dirigentes gremiales de la IX Región, Gloria Naveillán y Marcelo Ziroti, quienes representan a la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco y a la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, calificaron como “inconsecuentes” y “contradictorios” a quienes “critican al Estado, pero piden todos los subsidios que este pueda darles”. Agregaron que, junto a la entrega de tierras, las comunidades acceden a agua, tecnología y asesorías productivas a través de las instituciones públicas. El asesor jurídico de la Multigremial de La Araucanía, Juan Pablo Lepín, reveló que a partir de información detallada que le entregó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), vía una solicitud por Transparencia, descubrió que la comunidad de Temucuicui ha recibido más de 3.100 hectáreas, a través de la política de tierras que establece la Ley Indígena. Lepín detalló que través de 13 procesos de entrega, concretados entre 1998 y 2014, dicho organización, bajo los nombres de “Comunidad Ignacio Queipul”, “Comunidad Ignacio Queipul II” y “Comunidad Autónoma Temucuicui” suma terrenos avaluados en $4.056 millones.
